Dictamen avanza para “blindar” a la PNC y abre choque por el uso de la fuerza

Qué aprobó el dictamen y por qué se volvió una pieza polémica

Tres comisiones del Congreso (Gobernación, Reformas al Sector Justicia y Asuntos de Seguridad Nacional) avanzaron con un dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa 6411, planteada como una reforma para fortalecer el “legítimo ejercicio del cargo” de las fuerzas de seguridad y ajustar reglas vinculadas a responsabilidad penal y actuación en servicio.

El proyecto llega a este punto en un contexto de presión pública por resultados frente a homicidios, extorsiones y violencia urbana, pero el debate no se concentra solo en “respaldar” a la Policía: el texto y el dictamen han encendido alertas por el alcance de a quiénes podría cubrir y cómo se define el uso de la fuerza.

Los cambios clave que empujan sus promotores

El dictamen y la discusión alrededor de la iniciativa apuntan a instalar un marco más explícito para la intervención ante criminalidad, incluyendo la necesidad de un “protocolo de criminalidad” que hoy, según legisladores que respaldan la propuesta, no estaría formalmente desarrollado como herramienta operativa integral.

Dentro del paquete también se ha mencionado:

• Lineamientos de actuación por niveles (uso gradual de la fuerza), para pasar de presencia y órdenes verbales a control físico y fuerza no letal, y en el último escalón fuerza potencialmente letal, bajo criterios de proporcionalidad y riesgo

• Medidas sustitutivas para agentes investigados por uso del arma en cumplimiento del deber, sin plantear una exención automática de responsabilidad

• Posible fortalecimiento de equipamiento y capacidades (por ejemplo, cámaras corporales y dispositivos de apoyo), acompañado de entrenamiento para no vulnerar derechos en manifestaciones y bloqueos

El punto más delicado: “operadores de justicia” y el riesgo de ampliar el permiso de fuerza

La principal fractura política, incluso dentro del oficialismo, se centra en que el texto menciona definiciones del “sector justicia” e incluye instituciones como Organismo Judicial, Ministerio Público, Inacif, IDPP, PGN, Sistema Penitenciario e instancias de atención a víctimas. Diputados oficialistas argumentaron que eso abre la puerta a una interpretación que permitiría uso de fuerza a “operadores de justicia”, algo que consideran contrario al diseño constitucional y a funciones que no son de seguridad pública.

En la práctica, el choque no es solo jurídico: es político. Si el dictamen llega al Pleno sin ajustes de redacción y límites claros, la discusión puede moverse de “protección a policías” a “habilitar fuerza a instituciones no policiales”, con costo reputacional y riesgo de judicialización.

La pregunta que queda sobre la mesa es directa: ¿el Congreso está construyendo reglas más claras para actuar contra el crimen, o está abriendo un marco demasiado amplio que puede prestarse a abusos y conflictos institucionales?