Congreso aprueba reformas sobre amenazas y desata alarma por posibles abusos

El Decreto 11-2025 impone hasta 10 años de prisión por amenazas, incluso si no constituyen delito

El Congreso de la República aprobó el pasado 21 de octubre el Decreto 11-2025, que modifica el Artículo 215 del Código Penal y endurece las penas por el delito de amenazas. La reforma establece penas de 3 a 10 años de prisión, incluso cuando la amenaza no llegue a concretarse como delito, y duplica la condena si el autor tiene vínculos con estructuras criminales.

Según la exposición de motivos, los diputados promovieron la iniciativa como parte de un paquete de leyes “de urgencia nacional” enfocadas en seguridad y control territorial.

¿Protección legítima o escudo político?

Pese al argumento oficial, organizaciones civiles, abogados penalistas y analistas políticos han mostrado preocupación. Una de las observaciones más fuertes es que la nueva redacción no distingue entre amenazas reales, expresiones en redes sociales o comentarios con tono fuerte pero sin intención delictiva.

“Esto puede usarse para perseguir opiniones incómodas”, advirtió un jurista consultado por medios independientes. El temor central es que la norma termine sirviendo como herramienta para silenciar a críticos, activistas o periodistas bajo el argumento de preservar la seguridad.

Retroactividad: el punto más polémico

Otro elemento que ha encendido alarmas es la posibilidad de aplicar la ley de forma retroactiva hasta por cinco años, siempre que —según la interpretación judicial— existan “pruebas suficientes”.

Varios ciudadanos han expresado en redes su inquietud ante posibles procesos judiciales por publicaciones antiguas, sobre todo en un contexto donde ya se han utilizado denuncias por difamación y amenazas como mecanismo de presión.

“Este tipo de reformas deben evaluarse con extremo cuidado, especialmente cuando hay antecedentes de uso político del sistema penal”, opinó un representante de una organización de derechos humanos.

Un Congreso bajo presión, pero con decisiones aceleradas

Durante la discusión del decreto, algunos diputados justificaron el cambio como una respuesta al avance de las pandillas y la violencia organizada. Sin embargo, el momento en que se aprobó —bajo el mecanismo de urgencia nacional— y sin un debate amplio, ha levantado sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

El Congreso ha sido blanco de fuertes cuestionamientos en los últimos meses, y esta reforma llega justo cuando las redes sociales y el periodismo independiente mantienen bajo lupa el actuar legislativo.

Por ahora, la ley ya está vigente. Y mientras unos celebran el endurecimiento penal como una medida necesaria, otros advierten que se abre una puerta peligrosa hacia la criminalización de la palabra.