Claudia Paz y Paz: la impunidad en Guatemala es estructural, no cultural

Claudia Paz y Paz, quien ocupó el cargo de fiscal general de Guatemala entre 2010 y 2014, ofreció una reflexión contundente sobre uno de los males que más aquejan al país: la impunidad. En una entrevista reciente, la exfuncionaria dejó en claro que este fenómeno no responde a una cuestión cultural de los guatemaltecos, sino a una estructura institucional diseñada para proteger a quienes cometen graves violaciones a los derechos humanos.

Su gestión al frente del Ministerio Público coincidió con uno de los periodos más intensos de persecución penal por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. Bajo su dirección, avanzaron casos que terminaron llevando al banquillo al general Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio contra el pueblo maya ixil.

¿Por qué Claudia Paz y Paz afirma que la impunidad es estructural y no cultural?

La exfiscal general rechazó rotundamente la idea de que los guatemaltecos acepten o normalicen la impunidad. Según su análisis, el problema radica en que las instituciones encargadas de impartir justicia han funcionado históricamente para proteger a los poderosos en lugar de sancionarlos.

"Creo que todos los ciudadanos anhelan justicia. Las instituciones, sobre todo el Ministerio Público y algunas cortes, han trabajado a favor de la impunidad. Pero no es algo que los guatemaltecos entendamos que está bien, es algo que rechazamos", señaló Paz y Paz.

Esta distinción entre cultura y estructura es clave para entender por qué, pese a décadas de denuncias y movilizaciones sociales, los responsables de graves crímenes siguen sin enfrentar consecuencias judiciales. La exfiscal enfatizó que desde la guerra civil, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos se han organizado incansablemente para exigir justicia.

¿Cómo avanzó la justicia transicional durante la gestión de Claudia Paz y Paz?

El periodo de Paz y Paz al frente del Ministerio Público marcó un antes y un después en la justicia transicional guatemalteca. Durante esos cuatro años, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos logró sentar en el banquillo a altos mandos militares acusados de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

El caso más emblemático fue el juicio contra el general Efraín Ríos Montt, quien fue condenado en 2013 por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad. Aunque la sentencia fue anulada posteriormente por la Corte Constitucional, el juicio representó el primer caso de genocidio en el mundo donde un jefe de Estado fue juzgado en su propio país por tribunales nacionales.

Otros casos que avanzaron en esa época incluyeron investigaciones sobre desapariciones forzadas en Chimaltenango y en el oriente del país. La exfiscal señaló que estos procesos continuaron parcialmente durante la gestión de su sucesora, Thelma Aldana, con casos como el de Sepur Zarco, donde se condenó a militares por violencia sexual sistemática contra mujeres mayas.

¿Qué papel han jugado los militares en la reconfiguración de la impunidad?

Paz y Paz analizó el rol de sectores militares en la defensa de la impunidad. Señaló que organizaciones como la Avemilgua (Asociación de Veteranos Militares de Guatemala) se formaron precisamente para garantizar que los responsables de masacres y desapariciones forzadas no fueran juzgados.

La exfiscal vinculó el ascenso de la Fundación contra el Terrorismo, liderada por Ricardo Méndez Ruiz, con la influencia que este grupo logró ejercer durante la gestión de Consuelo Porras como fiscal general. Según Paz y Paz, el poder de esta organización no proviene de su creación, sino de las "sinergias" que estableció con autoridades judiciales y sus financiadores.

"La impunidad durante la guerra era el sometimiento del sistema de justicia, fuera por los juzgados ordinarios o por los tribunales de fuero especial. Tenía que funcionar para la impunidad. No podían cometerse esas gravísimas violaciones a los derechos humanos si hubiera habido una justicia independiente", explicó.

¿Cómo compara Guatemala con otros países de la región en materia de impunidad?

Actualmente directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Claudia Paz y Paz tiene una visión comparada de la región. Aunque reconoce que Guatemala enfrenta niveles severos de impunidad, no considera que sea el peor caso de Centroamérica.

En su experiencia trabajando en México, describe la situación de ese país como "mucho peor". También señala que El Salvador, Honduras y Nicaragua enfrentan realidades similares o más graves. Costa Rica, según su análisis, sería la excepción en la región.

Sin embargo, Paz y Paz identificó un rasgo distintivo de Guatemala frente a sus vecinos: la incansable búsqueda ciudadana de justicia. Desde la creación de la Fundación Myrna Mack en los años 90 hasta las actuales organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, los guatemaltecos han demostrado una persistencia notable en la exigencia de verdad y reparación.

¿Qué desafíos enfrenta la justicia en Guatemala en la actualidad?

La entrevista dejó en evidencia que, pese a los avances logrados durante su gestión y la de Thelma Aldana, el sistema de justicia guatemalteco atraviesa un periodo de retroceso. El cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la criminalización de operadores de justicia y el debilitamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad han cerrado espacios que parecían irreversibles.

Para Paz y Paz, la salida de esta crisis requiere reconocer que la impunidad no es un destino inevitable ni una característica inherente de la sociedad guatemalteca. Es, en sus palabras, una estructura que puede desmantelarse si las instituciones recuperan su independencia y si la presión ciudadana se mantiene firme.

La exfiscal general concluyó con un mensaje de esperanza: la lucha por la justicia en Guatemala no ha terminado. Las organizaciones de víctimas, los defensores de derechos humanos y los ciudadanos que exigen rendición de cuentas siguen activos, y esa persistencia es, según ella, la mayor fortaleza del país frente a la impunidad.