Auditoría a la FECI de Curruchiche concluye y el MP prepara reordenamiento de casos

¿Qué pasó con la auditoría a la FECI?

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) alcanzó este viernes 5 de junio el cierre de una etapa decisiva. Fuentes con conocimiento del proceso confirmaron a La Hora que concluyó la auditoría ordenada por el fiscal general Gabriel García Luna como parte de la liquidación de la fiscalía que hasta hace semanas dirigía Rafael Curruchiche.

La revisión, a cargo de la Supervisión General del Ministerio Público (MP), comenzó tras el anuncio de García Luna el pasado 17 de mayo, apenas horas después de asumir la jefatura del ente investigador. El nuevo fiscal general declaró entonces que la FECI entraba en liquidación debido a la pérdida de credibilidad institucional y a la necesidad de revisar el estado de cada expediente bajo su responsabilidad.

¿Cómo se redistribuirán los casos?

A partir del próximo lunes comenzará el traslado de los expedientes que permanecían bajo conocimiento de la FECI. La mayoría corresponde a investigaciones de corrupción, estructuras político-económicas ilícitas y casos de alto impacto que involucran a funcionarios, exfuncionarios, contratistas y actores de la élite política guatemalteca.

La reorganización contempla que los casos ya no permanezcan concentrados en una sola fiscalía especializada, sino que sean distribuidos según la naturaleza de los delitos investigados:

• Los expedientes relacionados con posibles actos de corrupción administrativa serán remitidos a la Fiscalía contra la Corrupción.
• Aquellos vinculados con movimientos financieros sospechosos y estructuras de ocultamiento de capitales pasarán a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
• Los procesos relacionados con financiamiento político o irregularidades electorales serán trasladados a la Fiscalía de Delitos Electorales.

La medida forma parte de la reestructuración institucional que García Luna impulsa desde su llegada al MP, con el argumento de que es necesario revisar el trabajo realizado por la FECI durante los últimos años y determinar el estado real de cada investigación.

¿Cuál es el legado de la FECI bajo Curruchiche?

La decisión marca el cierre de uno de los capítulos más controvertidos del MP que lideró la exfiscal general Consuelo Porras, sancionada por 44 países por sus acciones corruptas y antidemocráticas.

Anteriormente, la FECI se había consolidado como la principal unidad de investigación de corrupción del país. Desde esa fiscalía surgieron casos que alcanzaron a expresidentes, ministros, diputados, contratistas y redes de corrupción enquistadas en el Estado.

Bajo la dirección de Curruchiche, diversas investigaciones de corrupción fueron cerradas o sufrieron reveses judiciales, mientras se impulsaron procesos penales contra exfiscales, jueces, periodistas y operadores de justicia que habían participado en investigaciones anticorrupción o denunciado irregularidades dentro del sistema.

También durante ese período la FECI fue señalada por impulsar acciones dirigidas a un golpe de Estado al judicializar las elecciones generales de 2023 y por mantener bajo reserva investigaciones consideradas de interés público.

¿Qué casos quedan pendientes?

Entre los expedientes que quedaron bajo la administración de la FECI figuran investigaciones relacionadas con contratos estatales, financiamiento político, estructuras de corrupción vinculadas a gobiernos anteriores y denuncias que involucran al expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez —ambos sancionados por Estados Unidos—. Algunas de estas investigaciones fueron criticadas por la falta de avances durante la gestión de Curruchiche.

La revisión ordenada por García Luna busca establecer el estado procesal de cada expediente, identificar posibles rezagos y determinar si existen responsabilidades administrativas o funcionales derivadas de la gestión de la fiscalía.

Con el cierre de la auditoría este viernes, el futuro de decenas de expedientes de alto impacto entra ahora en una nueva fase. La redistribución de los casos definirá si las investigaciones de corrupción más relevantes del país recuperan impulso o quedan en el limbo institucional.