Arévalo califica allanamientos en ministerios como patadas de ahogado del MP

El presidente Bernardo Arévalo rompió su silencio ante la ola de diligencias judiciales que sacudieron al gobierno este lunes, cuando agentes del Ministerio Público allanaron simultáneamente trece dependencias estatales. Desde una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario no dudó en calificar las acciones como "patadas de ahogado" de una fiscalía que, en sus palabras, vive sus últimos días de un período marcado por el deterioro institucional.

La jornada de allanamientos —que afectó a distintos ministerios del Ejecutivo— generó conmoción entre funcionarios y diputados, quienes interpretaron el operativo como una señal de las tensiones que persisten entre los poderes del Estado a solo días del cambio de autoridades en el Ministerio Público.

Arévalo denuncia intimidación en los últimos días de Porras en el MP

Durante su intervención, Arévalo dejó claro que considera las diligencias como parte de un patrón de presión que se intensificará durante la semana. "Esta es la última semana de una etapa compleja, de deterioro, de manipulación, de perversión de la justicia en nuestro país", afirmó el gobernante, quien estuvo acompañado por los viceministros de Energía y Minas y de Economía.

El presidente advirtió que los ciudadanos deben esperar más acciones similares mientras la fiscal general Consuelo Porras se acerca al fin de su mandato constitucional. "En estos últimos días continuarán las acciones de intimidación", señaló, sin entrar en detalles sobre los operativos específicos ni los ministerios afectados.

La postura de Arévalo refuerza la narrativa del gobierno de que la actual fiscalía ha utilizado herramientas legales para presionar al Ejecutivo, una acusación que el MP ha rechazado en múltiples ocasiones argumentando que actúa con independencia y dentro del marco constitucional.

El presidente confía en que la CC rechazará recursos contra el nuevo fiscal

Pese a la turbulencia, el mandatario mostró confianza en que la transición en el Ministerio Público se concretará sin contratiempos. Arévalo aseguró que los recursos legales presentados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para impugnar la elección de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general carecen de sustento y serán desestimados por los magistrados.

"Después de esta semana abrimos un nuevo capítulo para un futuro de una fiscalía puesta al servicio de la República y al servicio de la población", expresó Arévalo, proyectando un cambio de rumbo en la institución que, según él, recuperará la institucionalidad perdida durante los últimos cuatro años.

La elección de García Luna se produjo el 5 de mayo a partir de una nómina de seis candidatos presentada por la Comisión de Postulación del MP. Su llegada está prevista para el 18 de mayo, cuando venza el mandato de Consuelo Porras, quien asumió el cargo el 17 de mayo de 2022.

El nuevo fiscal no recibirá órdenes del gobierno, aclara Arévalo

En un mensaje dirigido tanto a la oposición como a la ciudadanía, el presidente enfatizó que el nuevo fiscal general actuará con total autonomía. "El nuevo fiscal general se encargará de recuperar la institucionalidad del Ministerio Público y no recibirá instrucciones de su gobierno", aclaró Arévalo, en un intento por despejar cualquier sospecha de injerencia política en la próxima gestión.

La declaración busca contrarrestar las críticas de sectores que han cuestionado la independencia del próximo titular del MP, especialmente luego de que el propio gobierno impulsara reformas al proceso de elección del fiscal. Arévalo, sin embargo, mantuvo que la separación de poderes será respetada y que su administración no pretende convertir al Ministerio Público en un brazo ejecutor de la agenda oficial.

¿Qué sigue para el Ministerio Público esta semana?

Con solo días restantes para el relevo, el ambiente en el entorno político guatemalteco permanece tenso. La fiscal saliente aún no ha confirmado si participará en una ceremonia de traspaso de mando, mientras que analistas advierten que la ausencia de una transición administrativa ordenada podría generar complicaciones operativas durante los primeros días de la gestión de García Luna.

Juristas como Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, han explicado que el relevo no depende de un acto protocolario: "El 17 a las 12 de la noche termina el período de Consuelo Porras y a las 12:01 del 18 de mayo ya empieza el período del nuevo fiscal. Eso es lo que manda la Constitución", recordó la experta en días previos.

Mientras tanto, el gobierno mantiene la expectativa de que la Corte de Constitucionalidad despeje cualquier obstáculo legal antes del cambio de autoridades, permitiendo que el nuevo fiscal asuma funciones desde el primer minuto de su período.

Contexto: una semana decisiva para la justicia guatemalteca

La serie de allanamientos coincide con momentos clave del calendario político: la salida de Porras, la llegada de García Luna y el cierre del proceso de transición en el MP. Para el gobierno, estas diligencias representan el último aliento de una fiscalía que, según su versión, utilizó la persecución penal como herramienta de presión.

La oposición, por su parte, ha defendido la labor del Ministerio Público y cuestionado las reformas impulsadas por el Ejecutivo para modificar el mecanismo de elección del fiscal. El debate, lejos de apaciguarse, promete extenderse más allá del cambio de autoridades, cuando el nuevo titular deberá definir su línea de acción frente a casos de corrupción, crimen organizado y los legados de la gestión anterior.

Lo que resulte de esta semana marcará, según el propio Arévalo, el inicio de "un nuevo capítulo" para la justicia guatemalteca. La pregunta que queda en el aire es si ese capítulo traerá la estabilidad institucional que el país demanda o abrirá nuevas grietas en un sistema de justicia ya profundamente polarizado.